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Cláusula suelo: retroactividad desde 9 de mayo de 2013

Con fecha 25 de marzo de 2015 el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha decidido zanjar una cuestión sobre la que la división de opiniones perjudicaba gravemente la seguridad jurídica y, en definitiva, a todos aquellos prestatarios que tenían incluida una cláusula suelo en en el contrato de préstamo.
El Tribunal Supremo a través de esta sentencia unifica el criterio sobre la posibilidad de recuperar aquellos intereses que se devengaron por una cláusula suelo en un contrato de préstamo que ha sido declarada nula.
Existían sentencias de Audiencias Provinciales con pronunciamientos a favor y en contra de la posibilidad de restituir los intereses.
Finalmente el Tribunal Supremo opta por una solución de compromiso, que consiste en declarar que sólo deben restituirse los intereses que se devengaron desde la sentencia del mismo Tribunal de fecha 9 mayo de 2013, en la cual se fijaron los criterios para analizar si una cláusula suelo era o no abusiva, en función de la falta de transparencia.
Antes de esta fecha, era comprensible una cierta ignorancia de las partes sobre dicha cuestión, que desde el 9 de mayo de 2013 queda totalmente aclarada, en palabras de la propia sentencia “no es posible la alegación de buena fe por los círculos interesados, pues esta sentencia abre los ojos y las mentes de las partes contratantes, pudiendo éstas indagar y esclarecer si las cláusulas suelo insertas en los contratos de préstamo con tipo de interés variable, en principio lícitas, carecen de transparencia, no por oscuridad interna, sino por insuficiencia de información…”
Por tanto, cualquier reclamación, .en el caso de que se pretenda llegar al Juzgado, deberá previamente calcularse el importe que pueda obtenerse, para decidir si hay proporcionalidad entre el coste de la reclamación y el previsible resultado que se persigue.

La imparcialidad judicial en el siglo XVI

“La controversia de Valladolid” creo que no ha sido un título que se haya  incluido entre las películas jurídicas. Sin embargo, creo que se trata de una  excelente muestra de lo que debería ser un proceso judicial.

La película relata el desarrollo de un debate que mantienen a mediados del s. XVI Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepulveda, sobre una cuestión transcendental: si los indígenas del Nuevo Mundo tiene la misma condición que los demás seres humanos o se trata de seres inferiores.

El interés de la película, desde el punto de vista jurídico, radica en la exhibición dialéctica de ambos personajes. Los argumentos que esgrimen, las pruebas que proponen, y la pasión y convicción con la que cada uno defiende su postura.

Un legado papal, que ejerce de juez o árbitro, dirige magníficamente el debate, da y retira la palabra a las partes de forma oportuna, permite que expongan sus razones, escucha atentamente y actúa con objetividad, admitiendo pruebas de cargo y de descargo en un ejercicio de perfecto equilibrio y ecuanimidad. Siempre con el debido respeto y consideración hacia las partes.

Aquí los juristas podrán ver un magnífico ejemplo de los principios de oralidad, publicidad y contradicción, de igualdad de armas, del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes y del derecho a la defensa. También es significativa la actuación imparcial del juez, quien antes de anunciar su decisión, recibe una misiva del Rey de España, cuyo sobre ni siquiera abre para así dictaminar libre de prejuicios e influencias sobre la cuestión que ha sido sometida a su consideración.

Aunque históricamente la película parece que no se ajusta al episodio ocurrido realmente en Valladolid, el interés de la misma, desde la óptica del proceso, es la contemplación del desarrollo del debate y la actuación del legado papal.

Aquí pueden ver la película quienes pudieren estar interesados.

 

FOGASA: fin del pago directo de 8 días de indemnización.

Empresas de menos de 25 trabajadores: despido colectivo, objetivo y extinción en concurso.

Antes de la entrada en vigor de la dispoción final quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 ( Ley 22/2013, de 22 de diciembre) el art. 33.8 del Estatuto de los Trabajadores reconocía que en  los supuestos de contratos indefinidos celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores, si el contrato se extinguía por las causas de los arts. 51 (despido colectivo), 52 (despido objetivo) o el  art. 64 de la  Ley Concursal, el Fondo de Garantía Salarial abonará el trabajador una parte de la indemnización en cantidad equivalente  a ocho días de salario por  año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año.

A continuación se indicaba que en supuestos de despidos improcedentes el FOGASA no abonará cantidad alguna, y la empresa se hará cargo integramente de la indemnización.

Pues bien, desde el 1 de enero de 2014 por mor de la disposición señalada, y  con vigencia indefinida, ha sido suprimida la obligación legal del FOGASA que se contenía en el apartado 8 del art. 33 ET.

En consecuencia desde la citada fecha el FOGASA ha dejado de asumir parte de la indemnización, en los supuestos señalados. Será el empresario, quien desde la citada fecha, deberá asumir la totalidad de la indemnización consistente en 20 días de salario por año de servicio.